¿Qué parte del portafolio de INJUPEMP son títulos valores? Cifras a junio de 2026

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en que la institución detalló sus inversiones en curso a raíz de las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción de L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el informe difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la conformación de la cartera, especificando qué activos pertenecen al sector público y cuáles se relacionan con la banca comercial, centrando la mirada en Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El informe de inversiones al cierre de junio reporta un fondo global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en una digitalización de siete páginas, los montos aquí reseñados corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir sin dificultad.

Conforme a los totales del documento, los bonos gubernamentales denominados en lempiras representan aproximadamente cuatro quintas partes del total de títulos en esa misma moneda. Dicha proporción se obtiene a partir de los totales y no constituye un dato publicado oficialmente por el instituto.

¿Figuran entidades bancarias estatales dentro de las inversiones de INJUPEMP?

Dentro de los registros accesibles del documento no aparece ninguna entidad perteneciente a la banca pública, tales como Banadesa o Banhprovi. Por medio de la Secretaría de Finanzas, el Estado funge como emisor, respaldándose en bonos del Gobierno de Honduras tanto en lempiras como en dólares.

Para comprender la cartera, resulta clave distinguir los elementos: los títulos públicos corresponden a obligaciones del Estado y no a colocaciones en entidades financieras. Por otro lado, las instituciones bancarias privadas actúan como emisoras de certificados de depósito, acciones, bonos y deuda subordinada. Asimismo, el conjunto abarca bonos empresariales, instrumentos estructurados y títulos accionarios de compañías ajenas al sector bancario.

En dólares, los bonos del Gobierno totalizan USD 67.2 millones de los USD 266.1 millones colocados en instrumentos nominados en divisas extranjeras, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte. El remanente pertenece a otros emisores, destacando entre ellos los certificados en moneda estadounidense de Banco Atlántida.

¿En qué entidades privadas mantiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo tanto en dólares como en lempiras, los cuales figuran al inicio del desglose.
• Ficohsa: tres certificados denominados en lempiras por montos de L200 millones, L125 millones y L100 millones, sumado a diversos instrumentos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: títulos de deuda subordinada junto con certificados de depósito.
• BAC Honduras: un certificado de depósito valorado en L50 millones.
• Banrural: acciones que ascienden a L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, acciones y deuda subordinada.
• Banco Lafise Honduras: varios instrumentos de deuda subordinada.

Entre las sumas identificables, Promérica anota certificados por L25 millones al 8.5 % y por L10 millones al 10.2 %, además de colocar L1.8 millones en deuda subordinada al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con un rendimiento del 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, si bien el documento no muestra si fue renovado.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde se sitúan los L900 millones de acciones preferentes?

Los L900 millones asignados a acciones preferentes abarcan una porción menor dentro de la cartera de INJUPEMP, aunque han generado un notable interés entre los cotizantes. Según el informe, dicha cifra equivale al 2.2 % de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Adicionalmente, una nota al pie especifica que, al momento de divulgarse el reporte, los L900 millones seguían pendientes de colocación, sin detallar el rumbo de dichos fondos.

Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, el cual se abonará de forma semestral desde junio de 2027. Dicha rentabilidad y su respectiva programación de pagos brindan una visión más clara sobre los atributos del instrumento financiero y su posicionamiento en la cartera de activos de la institución.

¿Quién vigila las inversiones en banca pública y privada?

Los cinco institutos públicos de previsión del país están bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que también supervisa a los bancos comerciales. La decisión de invertir corresponde a la junta directiva y al comité de inversiones de cada instituto, y la CNBS vigila que se cumplan los procesos de debida diligencia, sin decidir las inversiones.

La Superintendencia de Pensiones y Valores supervisa, bajo la óptica de quien invierte, la prudencia con la que se ejecutan las transacciones. Si una colocación de fondos conlleva alteraciones en el patrimonio de una entidad bancaria, el visto bueno de la CNBS constituye un procedimiento independiente de la resolución del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que conforman el Fondo de Capitalización Colectiva hay una distribución que permite distinguir el papel del Estado y de las entidades financieras privadas en las inversiones de INJUPEMP. Los bonos de la Secretaría de Finanzas representan la participación pública, mientras que siete bancos privados aparecen vinculados a instrumentos de distinta naturaleza. En el documento consultado no figura ningún banco estatal.

Monitorear el destino de estos fondos también exige examinar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP posibilita verificar los importes, las entidades emisoras y la naturaleza de las inversiones, y cuenta con las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Pese a esto, los montos no permanecen estáticos: los vencimientos y la incorporación de nuevas transacciones logran alterar la cartera, por lo que resulta clave considerar la fecha de corte para analizar y contrastar la información con precisión.

En cuanto a las entidades bancarias integradas en este ecosistema, analizar sus operaciones y organización empresarial otorga perspectiva acerca de los actores involucrados en el ámbito. Con este fin, resulta factible revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, corporación de finanzas y seguros con operaciones en diversos territorios de Centroamérica.