La rehabilitación de vivienda se abre paso poco a poco en España, pero no coge la velocidad de crucero que desearía el Gobierno y que prometió a Bruselas. Según los datos de visados difundidos este jueves por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), el año pasado se solicitaron permisos de gran rehabilitación para 37.783 viviendas. Esto supone un 9,4% más que en 2022. Y echando la vista más atrás, a 2019, supone que las obras de mejora en edificios residenciales han crecido casi en un 50%.
El problema es que, aun así, se quedan muy lejos de las cifras presentadas a las autoridades comunitarias a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este, en su componente 2, consagró que 4.800 millones de los fondos que llegarían de Europa se destinarían a rehabilitación. Tal suma debía dar brío a una actividad con poco peso en España, que tradicionalmente ha rehabilitado muchas menos viviendas que sus países vecinos pese a tener un parque de viviendas muy envejecido.
En su día, el Gobierno calculó que más de la mitad de las viviendas principales (las que son primera residencia de una familia) se construyeron antes de 1980. Con la necesidad de mejorar las prestaciones energéticas de esas casas, si se quiere alcanzar el objetivo de neutralidad climática que la UE se ha fijado para 2050, los fondos de recuperación debían ser el pistoletazo de salida para que España se subiera a la ola de rehabilitación que pretende la Comisión Europea. Los planes del Ejecutivo señalaban que hasta 2026 se renovarían 510.000 casas en los cálculos más optimistas. Los más pesimistas dejaban esa cifra en 200.000. Y la referencia intermedia era de 355.000, a razón de 71.000 por año, que es casi el doble de lo que sucedió en 2023.
Con las últimas cifras recabadas por los colegios de arquitectos, el sector solo parece tener al alcance el escenario más prudente. Entre 2021 y 2023, según los datos del CSCAE, se rehabilitaron en España algo menos de 103.000 viviendas. Incluso suponiendo que el ritmo de trabajos se duplique en los próximos tres años, España se quedaría lejos del escenario intermedio de 355.000 rehabilitaciones. Y acumulará un retraso preocupante porque, más allá del impulso que los fondos europeos debían dar, hay otros compromisos a largo plazo con la política de neutralidad climática de la UE.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es el documento que fija las metas de descarbonización de España hasta mediados de siglo. Y en materia de rehabilitación residencial, prometió 1,2 millones de casas renovadas entre 2021 y 2030. En los tres primeros años de esa década no se ha alcanzado ni un 10% del objetivo. Además, la idea es que para 2030 España sea capaz de rehabilitar 300.000 viviendas por ejercicio, un ritmo que debería mantener hasta 2050. Es decir, que en un solo año habría que reformar casi el triple de viviendas de las que se han transformado en los últimos tres ejercicios. Como hito intermedio, se pretendía que el impulso del fondo de recuperación permitiera llegar a las 150.000 casas anuales, pero los datos de los arquitectos muestran, una vez más, que esa cifra ahora mismo parece inalcanzable a corto plazo.
No obstante, hay datos para la esperanza. El análisis del CSCAE es que las “ayudas históricas” que ha puesto sobre la mesa el Plan de Recuperación se han visto contrarrestadas por una coyuntura muy negativa para el sector de la construcción. Los cuellos de botella en la salida de la pandemia y el agravamiento de la crisis inflacionista con la guerra de Ucrania han dispararon los costes y mermaron la actividad del sector. Pero Marta Vall-llosera, la presidenta del consejo, ha asegurado que también hay “interés en rehabilitar y en hacerlo de una forma integral y planificada”. Como ejemplo, ha puesto que las oficinas de asesoramiento en la materia que han puesto en marcha los colegios de arquitectos recibieron el año pasado un 44% más de consultas que en 2022.
En cifras redondas, fueron casi 27.000 consultas, de las que casi la mitad procedieron de particulares y un 40% de arquitectos. Las ayudas fueron objeto de un 51% de las peticiones, seguidas por las dudas técnicas (18%). Por ello, Vall-llosera ha dicho que, más allá de la contención de costes que parece ser ya una realidad (aunque de momento estos no están bajando), es necesario “facilitar tanto el crédito a empresas y familias, como el despliegue de los fondos Next Generation”. La llegada del dinero europeo a los beneficiarios finales es uno de los aspectos que más preocuparon desde el principio en el sector. España recibe los fondos y, por su reparto competencial, el Gobierno los distribuye a comunidades y ayuntamientos para que desplieguen sus programas de ayudas. Pero esto está dificultando saber cuántas de esas subvenciones se adjudican y se completan.
Menos obra nueva
El aumento de la actividad rehabilitadora en 2023 contrasta con lo sucedido el año pasado en la construcción de casas nuevas. Los datos de visados del CSCAE sumaron permisos para levantar 98.477 viviendas. Es un paso atrás, ya que tanto en 2022 como en 2021 se había superado la cifra de 105.000 viviendas. En cualquier caso, la impresión es que el sector en España permanece estancado en una capacidad de en torno a las 100.000 viviendas nuevas anuales. Esto provoca, según la mayoría de expertos inmobiliarios, un desequilibrio entre la oferta y la demanda que presiona los precios al alza.
En España se crean al año más de 200.000 hogares, y los promotores inmobiliarios defienden frecuentemente que la cifra de producción de casas debería acercarse a ese número. De hecho, otro documento oficial del Gobierno, la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España, fija como objetivo para 2030 que la construcción de nuevas unidades se estabilice en torno a 180.000 casas por año. Como sucede con la rehabilitación, las cifras actuales están muy alejadas de esa meta.
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