La segunda eléctrica española, Endesa, deberá abonar unos 570 millones de dólares (unos 530 millones de euros) a otra empresa del sector gasista tras perder un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés), según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de este lunes. El revés, inesperado, arrastra sus acciones a una caída cercana al 2% en los primeros compases de cotización de la jornada.
La envergadura del golpe sobre la cuenta de resultados de Endesa es más que notable: entre enero y octubre, la eléctrica ganó 1.059 millones de euros, un 28% más que en el mismo periodo de 2022, de modo que el laudo —que no estaba provisionado— se comería la mitad de esos números verdes. Para el conjunto del año, la empresa que dirige José Bogas prevé que el beneficio neto se sitúe entre 1.400 y 1.500 millones. Tras el laudo, sin embargo, y pese a la buena marcha de su negocio de comercialización de electricidad, quedan prácticamente en papel mojado.
El fallo arbitral responde a la revisión del precio de un contrato de aprovisionamiento a largo plazo de gas natural licuado (GNL), y el dinero irá a parar a un productor de este combustible no identificado en la documentación remitida al regulador bursátil. El monto se calcula de manera retroactiva y obligará a Endesa a registrar el impacto contable negativo en la cuenta de resultados de este ejercicio.
“Infundada y extemporánea”
En sus últimas cuentas anuales, la energética española ya hacía un apartado para informar de este arbitraje en su contra, junto con otra reclamación por revisión de precios en el suministro de gas: una —esta— por algo más de 1.100 millones de euros al cambio, que ha sido estimada solo parcialmente respecto a la petición inicia, y otra por 500.
No obstante, Endesa sostenía que la demanda eran “infundada y extemporánea” y que, por tanto, la probabilidad de que fuese finalmente estimado era “remota”, según sus servicios jurídicos. De ahí que no estuviese provisionado. El segundo arbitraje, el de menor cuantía, se espera para la segunda mitad del año que viene.
Impacto para Enel
El objetivo de la compañía es aislar al accionista de este impacto de una sola vez: a nadie se le escapa que su matriz, Enel —dueña de algo más del 70% de la española— necesita este dividendo para apuntalar su propia cuenta de resultados y, sobre todo, para repagar su elevadísima deuda (más de 60.000 millones).
Endesa celebrará este próximo miércoles un consejo de administración del que saldrá una actualización estratégica hasta 2026 y del que se propondrá la modificación de su vigente política de dividendos. Ambas informaciones se darán a conocer a los accionistas el jueves. Para este año, el grupo tiene previsto un dividendo para sus accionistas de un euro, mientras que para 2024 ascendía a 1,2 euros y para 2025 se situaba en 1,4 euros.
En la nota remitida a la CNMV, que firma el secretario del consejo de administración, Borja Acha, Endesa deja en el aire su política de retribución al accionista pero desliza que no tendrá afectación: “Esta modificación, en caso de ser aprobada, determinará que los efectos del laudo no tengan consecuencias en el importe del dividendo previsto para 2023, y se comunicará oportunamente al mercado”.
Enel, de propiedad pública-privada, dará a conocer el miércoles sus planes para los próximos años. Será la primera gran toma de contacto con el mercado desde que, la pasada primavera, el Gobierno italiano (con casi la cuarta parte de las acciones) diese un golpe de mano con la sustitución del histórico Francesco Starace para poner al frente de la empresa a Flavio Cattaneo, cercano a la Liga Norte de Matteo Salvini. También la primera vez en la que dará la cara frente a sus accionistas tras este inesperado (y millonario) contratiempo en el cuartel general de su poderosa filial española.
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