El planeta vive una urgencia climática que ya no permite postergaciones, y una década después del Acuerdo de París, los compromisos, progresos y vacíos se evalúan no por declaraciones, sino por variaciones térmicas, efectos concretos y decisiones que definirán el porvenir de las generaciones venideras.
En 2015, casi doscientos países acordaron un marco común para enfrentar la mayor amenaza ambiental de la era moderna: el cambio climático. El Acuerdo de París estableció como objetivo central limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales, una cifra que, más que un número técnico, representaba una línea de defensa para la estabilidad de los ecosistemas, las economías y la vida humana. Diez años después, esa meta sigue siendo el principal referente, pero el contexto es más urgente y desafiante. Las proyecciones actuales indican que, con los compromisos vigentes, el planeta se encamina a un aumento de entre 2,6 y 3,1 °C, un escenario que multiplicaría los riesgos climáticos, sociales y económicos a escala global.
El año 2024 representó un giro simbólico y profundamente inquietante: por primera vez, la temperatura media global anual rebasó el límite de 1,5 °C. Aunque este acontecimiento no significa que la meta esté irremediablemente perdida, sí evidencia que el margen para actuar se reduce a gran velocidad. El mensaje resulta claro y contundente: la acción climática dejó de ser una meta estratégica para transformarse en una urgencia estructural que influye en todas las esferas del desarrollo.
El Acuerdo de París como guía en un entorno cada vez más volátil
El significado del Acuerdo de París va más allá de fijar cifras, ya que logró trazar una orientación conjunta dentro de un escenario internacional disperso. Por primera vez, tanto las naciones desarrolladas como las que están en desarrollo aceptaron obligaciones climáticas bajo un mismo marco, acompañado de evaluaciones periódicas y de un principio de mejora continua que exige incrementar la ambición con el paso del tiempo.
Sin embargo, la brecha entre los compromisos declarados y las reducciones efectivas de emisiones sigue siendo significativa. La economía global continúa dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles, mientras que los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales y las crisis energéticas han puesto a prueba la coherencia de las políticas climáticas en múltiples regiones. En este contexto, cumplir con el espíritu del Acuerdo de París exige algo más que planes nacionales: requiere voluntad política sostenida, innovación tecnológica, financiamiento adecuado y una participación activa de actores no estatales, especialmente el sector privado y la sociedad civil.
A diez años de su firma, el Acuerdo de París continúa siendo la guía que marca el rumbo de la acción climática mundial, aunque por sí mismo no asegura alcanzar la meta; la rapidez y coherencia del trayecto dependen de las decisiones que se adopten ahora, sobre todo en esta década decisiva.
Chile frente al desafío global: avances concretos y liderazgo regional
Desde su propia realidad geográfica y económica, Chile ha intentado consolidarse como un protagonista destacado en la acción climática a escala regional y global. Desde 2015, el país ha vivido un cambio significativo en su matriz energética, motivado por la convergencia de políticas públicas, capital privado y condiciones naturales especialmente propicias.
La inversión en energías renovables se multiplicó por diez en menos de una década, permitiendo que hoy más del 60 % de la electricidad provenga de fuentes limpias. La expansión de la energía solar en el norte del país y el desarrollo de parques eólicos a lo largo del territorio han consolidado a Chile como uno de los mercados más dinámicos en transición energética en América Latina. A ello se suma el posicionamiento temprano en la industria del hidrógeno verde, con proyectos que apuntan a convertir al país en un proveedor estratégico de combustibles limpios para la descarbonización global.
Estos avances no son casuales. La promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático en 2022 marcó un hito institucional al establecer la carbono-neutralidad al año 2050 como un mandato de Estado, trascendiendo los ciclos políticos. Asimismo, la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en 2020 fijó metas claras de reducción de emisiones de CO₂ al 2030, reforzando la señal de largo plazo para inversionistas y actores económicos.
La otra cara de la crisis: impactos climáticos y necesidad de adaptación
Pese a los avances en mitigación, la realidad climática ya se manifiesta con fuerza en el territorio chileno. La sequía prolongada afecta a cerca del 80 % del país, alterando la disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura, industria y ecosistemas. Los incendios forestales, cada vez más frecuentes e intensos, evidencian la vulnerabilidad de los paisajes y comunidades frente a eventos extremos que se ven exacerbados por el cambio climático.
Estos impactos han situado en el centro del debate la urgencia de avanzar con igual firmeza en adaptación y resiliencia. Disminuir las emisiones resulta imprescindible, aunque por sí solo no basta. Las políticas climáticas deben prever riesgos, reforzar las capacidades locales y resguardar a los sectores más expuestos, especialmente a las comunidades rurales, los pueblos originarios y los grupos socioeconómicos vulnerables.
En este contexto, la actualización de la NDC que Chile presentó en la COP30 constituyó un avance significativo. El marco renovado para el periodo 2025-2035 elevó la ambición climática e integró con mayor solidez la adaptación, la resiliencia y la justicia social como pilares esenciales de la acción climática. Este planteamiento reconoce que la transición no puede limitarse a lo tecnológico, sino que debe abarcar también las dimensiones sociales y territoriales.
Transición justa y herramientas económicas para el cambio
Uno de los elementos más relevantes de la actualización de la NDC chilena es la incorporación explícita de criterios de transición justa. Esto implica reconocer que el proceso de descarbonización genera impactos diferenciados en trabajadores, comunidades y sectores productivos, y que dichos impactos deben ser gestionados de manera anticipada y participativa.
La transición justa procura que nadie quede excluido durante el cambio, impulsando la adaptación profesional, la adquisición de nuevas competencias y la intervención activa de los territorios en las decisiones, un enfoque esencial para mantener el respaldo social a la acción climática y evitar que las políticas ambientales amplíen desigualdades ya existentes.
Junto con ello, Chile ha avanzado en la adopción de instrumentos económicos que refuercen las señales del mercado. El fortalecimiento del impuesto verde y la incorporación del precio social del carbono buscan que se internalicen los costos ambientales de las emisiones, alentando decisiones de inversión más coherentes con los objetivos climáticos. Bien concebidas, estas herramientas pueden impulsar la transición y, al mismo tiempo, generar recursos para financiar acciones de adaptación y apoyo social.
El rol de las empresas en la acción climática
El cumplimiento del Acuerdo de París no recae únicamente en los Estados, ya que las empresas desempeñan un rol crucial por su impacto en las emisiones y por la capacidad que tienen para innovar, invertir y transformar sus modelos productivos; en los últimos años, numerosas organizaciones han adoptado compromisos climáticos voluntarios, pero el reto vigente consiste en convertir esas promesas en estrategias concretas, medibles y sujetas a verificación.
La implementación de metas respaldadas por ciencia, la divulgación transparente de las emisiones y la incorporación de la gestión de riesgos climáticos dentro de la estrategia corporativa constituyen pasos esenciales para avanzar en esta ruta. Del mismo modo, la capacidad de las empresas para resistir eventos climáticos extremos se ha vuelto un elemento decisivo para su competitividad y la continuidad de sus operaciones.
En Chile, el trabajo articulado entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil ha permitido avanzar en este ámbito, pero aún existen brechas importantes. Pasar del compromiso a la implementación requiere capacidades técnicas, financiamiento y una visión de largo plazo que integre a colaboradores, proveedores y comunidades.
Innovación, involucramiento y responsabilidad social compartida
La envergadura del desafío climático demanda una transformación profunda de los modelos de desarrollo, donde resulte esencial impulsar innovaciones no solo en tecnologías limpias, sino también en mecanismos de gobernanza, financiamiento y participación ciudadana para acelerar el cambio. La acción climática eficaz se fortalece desde distintos niveles, articulando políticas nacionales con propuestas locales y compromisos individuales.
La participación ciudadana cumple un rol central en este proceso. Informar, educar y empoderar a la población permite generar una base social que respalde las decisiones difíciles que implica la transición, desde cambios en los patrones de consumo hasta reformas estructurales en sectores clave de la economía. Sin este respaldo, las políticas climáticas corren el riesgo de perder continuidad o efectividad.
Asimismo, la cooperación internacional sigue siendo un pilar fundamental. Compartir experiencias, transferir tecnologías y movilizar financiamiento climático hacia países en desarrollo son condiciones necesarias para que el objetivo global de 1,5 °C siga siendo alcanzable.
Una década decisiva para Chile y el mundo
A diez años del Acuerdo de París, Chile se encuentra en una posición estratégica. Los avances logrados en transición energética, institucionalidad climática y liderazgo regional ofrecen una base sólida para profundizar la acción en la próxima década. Sin embargo, el margen de error es mínimo. La ciencia es clara en señalar que las decisiones que se tomen entre ahora y 2035 definirán el rumbo climático del siglo.
No basta con asumir compromisos ni destacarse en métricas aisladas; el verdadero reto consiste en cumplir, ampliar y acelerar. Convertir las promesas en acciones tangibles, cuantificables y verificables es la única vía para respetar el espíritu del Acuerdo de París y salvaguardar el bienestar de las generaciones venideras.
La década que comienza será recordada como el momento en que la humanidad decidió, o no, cambiar de rumbo. Para Chile, la oportunidad es clara: liderar en América Latina una transición justa, resiliente y regenerativa que reduzca emisiones, fortalezca el tejido social y genere nuevas oportunidades económicas. El futuro climático no se define en declaraciones, sino en decisiones tomadas hoy, con urgencia, coherencia y visión de largo plazo.
